La Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires expresa su preocupación por la vacancia de la Defensoría del Pueblo de la Nación desde hace más de 14 años. Esta situación, no solo afecta la vigencia y debido respeto por la Constitución Nacional, sino que al mismo tiempo lesiona derechos, garantías e intereses de los habitantes y ciudadanos, tanto individual como colectivamente, que se ven privados de su representación y de su necesaria actuación protectoria. El hecho de que esta institución esté inactiva, priva a la población, arbitraria e injustificadamente, de la adecuada protección de sus derechos fundamentales y substrae de todas las hipótesis de conflicto social, la de su más importante y válido intermediario.
Desde la renuncia de su último titular, hace casi una década y media, el Congreso Nacional no ha logrado alcanzar acuerdos básicos para su designación, incumpliendo abiertamente con la manda constitutional del art. 86° CN. Ello constituye una situación de inusitada gravedad institucional que es menester subsanar.
Este estado de cosas revela no solo incuria, sino también incomprensión acerca de la importancia de esta figura, que no se instituyó para hacer compensaciones políticas sino para contribuir con sus intervenciones, acciones y recomendaciones a la defensa integral de los derechos de las personas ante hechos y procedimientos irregulares de la Administración Nacional y de los prestadores de servicios públicos, que en forma individual o colectiva se vean perjudicados. Tantas dilaciones por parte de los responsables políticos resultan, a esta altura, incomprensibles.
A diario se observa una multitud de hechos en la que esta relevante institución podría intervenir decididamente para contribuir a la paz social, a la práctica de una democracia más participativa y comprometida para defender los derechos fundamentales y los principios del orden democrático y el Estado de Derecho.
Por las razones expuestas, a las que avalan otros reclamos y pronunciamientos institucionales y de la sociedad civil, con la legitimidad que nos confiere reclamar por el incumplimiento de una disposición constitucional, habiendo culminado el proceso electoral, nos dirigimos a
todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria del Congreso nacional exhortándolas a que nombren en el menor tiempo posible al Defensor o Defensora del Pueblo de la Nación.
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