La Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires (AABA) manifiesta su profunda preocupación sobre la situación presupuestaria de la Educación Pública en todos sus niveles y, en particular, el veto dictado por el Poder Ejecutivo Nacional a la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795).
La situación económica financiera de las Universidades Públicas resulta apremiante.
Su funcionamiento, las actividades académicas, de investigación, de extensión y de asistencia a la salud se ven seriamente comprometidas al igual que la situación salarial de sus trabajadores docentes y no docentes quienes han sufrido un importante atraso respecto los niveles inflacionarios.
Nadie puede desconocer el valor de la educación pública y de nuestras Universidades. En ellas se enseña, se investiga, se cura, se capacita y a través de sus actividades de extensión se realizan tareas sociales y de asistencia profesional a la comunidad en la que está inmersa.
La decisión del Presidente de la Nación de vetar la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795) representa un ataque a la universidad pública y constituye un acto de irresponsabilidad institucional al obstinarse en confrontar con el consenso obtenido en la sociedad y reflejado en el Congreso sobre la importancia de la educación para garantizar la igualdad de oportunidades y posibilitar el ascenso social de las nuevas generaciones.
Debemos recodar que la Constitución Nacional establece que la Educación Pública es una obligación indelegable del Estado por lo que instamos al Congreso Nacional a que insista con la sanción de la Ley 27.795.
Esta Asociación acompaña el reclamo genuino del pueblo argentino, que quiere más educación pública, gratuita y de calidad y adhiere a la convocatoria del Consejo Interuniversitario Nacional a la Marcha Federal Universitaria del 17 de septiembre.
