La entidad se suma a la acción iniciada por el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal para impugnar los artículos 10 y 56 de la ley 27.802 por considerarlos inconstitucionales.
La Asociación presentó ante el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 su adhesión formal al amparo colectivo promovido por el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) contra el Estado Nacional.
La acción persigue la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 10 y 56 de la ley 27.802, denominada Ley de Modernización Laboral, publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo de 2026. Dichas normas modifican los artículos 20 y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo en perjuicio del ejercicio profesional de abogadas y abogados y de los derechos de los trabajadores a quienes asisten.
La Asociación ha señalado que el nuevo artículo 20 de la LCT establece la responsabilidad solidaria de los profesionales del derecho en casos de pluspetición bajo criterios puramente objetivos, generando un efecto disuasorio sobre el ejercicio pleno de la profesión e instaurando una suerte de responsabilidad sin culpa. Esta amenaza sobre el patrimonio de las y los abogados desincentiva el planteo de reclamos innovadores o discutibles, afectando no solo a los profesionales sino también el acceso a la justicia de sus representados.
A su vez, el nuevo artículo 277 de la LCT habilita el pago en cuotas de las sentencias condenatorias -hasta seis cuotas para grandes empresas y hasta doce para pymes-, lo que lesiona el derecho a una retribución justa. Los profesionales que trabajan bajo el principio de gratuidad ya esperan en promedio entre tres y cuatro años para percibir sus honorarios, y ahora deberán aguardar, además, el pago diferido en cuotas sin compensación por los intereses devengados.
La AABA considera que estas disposiciones vulneran el derecho a trabajar y ejercer la profesión libremente (art. 14 CN), el derecho a la igualdad (art. 16 CN), el derecho de propiedad (art. 17 CN) y el acceso a la justicia garantizado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otras normas constitucionales y convencionales, configurando una situación de gravedad institucional.
La presentación fue realizada por el presidente de la AABA, Juan Pablo Zanetta, con el patrocinio del Dr. Manuel Garrido.
Con esta presentación, la AABA reafirma su compromiso con la defensa del ejercicio profesional y con la protección de las garantías que resguardan la labor de la abogacía, entendiendo que las modificaciones impugnadas vulneran principios fundamentales del orden jurídico.
Leé aquí el texto completo de la adhesión presentada, para su consulta.
