La Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires, por especial pedido de sus comisiones académicas de Derecho Sanitario y de Discapacidad, rechaza el proyecto de ley denominado “contra el fraude de pensiones por invalidez”, por cuanto implica un grave retroceso en materia de derechos de las personas con discapacidad y modifica de manera regresiva la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad.
Lejos de fortalecer controles razonables, la iniciativa instala una lógica de sospecha generalizada sobre quienes perciben una pensión no contributiva, colocando bajo juicio permanente a un colectivo especialmente vulnerable.
Resulta particularmente preocupante que el proyecto habilite suspensiones preventivas de beneficios, imponga mecanismos de reempadronamiento masivo bajo amenaza de pérdida de derechos, restrinja incompatiblemente la posibilidad de trabajar y debilite el acceso a la cobertura de salud y al sistema de prestaciones básicas. De este modo, el Estado desplaza el eje desde la protección y la inclusión hacia el control, la presunción de fraude y la precarización de derechos esenciales.
No puede aceptarse que, bajo el argumento de revisar irregularidades, se promueva una reforma que estigmatiza a las personas con discapacidad, invierte en los hechos la carga sobre el beneficiario y pone en riesgo ingresos alimentarios, tratamientos, apoyos y cobertura sanitaria. Las eventuales anomalías deben investigarse con apego al debido proceso, sin criminalizar la vulnerabilidad ni convertir la necesidad en sospecha.
A todo lo expuesto, se suma la preocupante incertidumbre que conlleva la retirada del Estado Nacional en fijar y garantizar los montos de las prestaciones por discapacidad. Esto no solamente brinda previsibilidad a las partes, sino también, tranquilidad a las familias. El quitar los valores del Nomenclador de Prestaciones de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, inexorablemente llevará a un conflicto a futuro entre los beneficiarios y los Agentes de Salud, quienes buscarán garantizar sus derechos compungidos.
Por ello, instamos al inmediato rechazo de este proyecto y exhortamos a que cualquier debate legislativo en la materia se desarrolle desde un enfoque de derechos humanos, respeto por la dignidad de las personas con discapacidad y plena vigencia de las garantías sociales reconocidas por nuestro ordenamiento jurídico.
