La Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires manifiesta su profunda preocupación por las prácticas realizadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al hacer un uso indebido y excesivo del “Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos” en el marco de la Resolución N° 398/MJYSGC/19 y de la Ley Nº 6.339.
Dichas normas habilitan al G.C.B.A. la posibilidad de consultar al RENAPER los datos biométricos de personas prófugas de la justicia, de acuerdo a los requerimientos fiscales y judiciales. Asimismo, la resolución citada declara expresamente que la recolección de los datos biométricos no será sobre el total de la población sino sobre “aquellas personas requeridas por la magistratura, de conformidad con la normativa vigente”.
Según los hechos de público conocimiento que salieran a luz recientemente, conforme surge del expediente caratulado “OBSERVATORIO DE DERECHO INFORMATICO ARGENTINO O.D.I.A. C/ GCBA SOBRE AMPARO – OTROS” (Exp:
182908/2020-0) en trámite por ante el Juzgado de 1º Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 Secretaría n°3, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, habría realizado casi 10 millones de consultas sobre los datos biométricos de aproximadamente 7,5 millones de personas, entre las cuales se encuentran figuras políticas, periodistas, jueces y empresarios, que no cuentan con pedido de captura.
Asimismo, cabe destacar que el universo de personas registradas en las Bases de Datos del Sistema de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CONARC) del Registro de Reincidencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, es de aproximadamente solo 47.000, con lo cual llama extremadamente la atención el elevado número de consultas realizadas.
Esta entidad entiende que las acciones efectuadas por el G.C.B.A. implican una extralimitación en las tareas de identificación otorgadas por ley poniendo en
riesgo el derecho a la intimidad y de la protección de datos personales de miles de ciudadanos, máxime al tratarse de la recolección de datos biométricos que se encuentran especialmente protegidos por la normativa vigente como datos sensibles, lo que podría traducirse en tareas de vigilancia masiva y de inteligencia.
La AABA solicita asimismo que se profundicen todas las hipótesis de investigación para esclarecer los hechos descriptos como también para dilucidar cuál fue el uso y destino de los datos biométricos consultados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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