La Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires rechaza las manifestaciones vertidas por el Jefe de gobierno de la CABA y diversos diputados y senadores que descalifican sistemáticamente el rol de la abogacía en defensa del respeto de los derechos del trabajo y de la seguridad social.
Reiteradamente esta Asociación ha debido alzar su voz contra manifestaciones de altos referentes políticos que irresponsablemente acusan a abogados y abogadas de inventar litigios, apropiarse de multas e indemnizaciones y de ejercer su profesión causando el incremento del aumento de precios y costos de producción.
Reivindicamos la dignidad y la importancia de la labor de la Abogacía para el sostenimiento de un efectivo Estado de Derecho, pues su misión es la defensa de los derechos de toda la Ciudadanía y especialmente de los sectores más desprotegidos cuyos derechos sociales se ven lesionados en un contexto donde casi la mitad de los trabajadores se desempeña en forma irregular, en absoluta desprotección, muy lejos del «trabajo decente» que como mínimo reclamamos.
Rechazamos totalmente la descalificación del valor social del ejercicio de la abogacía que tal como señaláramos en anteriores declaraciones, deja a merced de los gobernantes de turno el efectivo reconocimiento de la extensión de los derechos. Asimismo, denunciamos que las manifestaciones que denostan la labor profesional tildándola de promotora de la industria del juicio, resulta una afrenta al trabajo profesional, constitucionalmente protegido.
Señalamos que, en el ámbito de los derechos laborales y previsionales, de indudable carácter alimentario y pertenecientes a un colectivo considerado vulnerable por la Constitución Nacional y Tratados Internacionales, la litigiosidad ha sido producto de ocurrir a la Justicia en procura de obtener una prestación previsional que efectivamente sea integral, tal como reconoce el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Por lo expuesto reiteramos nuestra reivindicación del rol fundamental de la abogacía en la defensa de los derechos de toda la ciudadanía y, en particular, de los derechos sociales de los sectores más vulnerables.
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