La AABA expresa su solidaridad con el Dr. Juan Pablo Gallego, quien el 27.10.22 en ejercicio de su profesión de abogado denunció que fue agredido a golpes, esposado, detenido y lesionado por personal policial perteneciente a la Provincia de Buenos Aires sin causa ni orden judicial alguna, todo ello dentro del edificio donde funciona el Ministerio Público Fiscal de San Martín, incluyendo la Fiscalía en donde el letrado y su clienta concurrieron minutos antes para una diligencia en Cámara Gesell, en una causa sustanciada por suministrar pornografía a un menor por parte de su padre.
Repudiamos la brutal agresión y el ilegítimo accionar de las fuerzas de seguridad contra el abogado, su clienta y su hijo y atento la gravedad institucional de los hechos por él denunciados acaecidos ante los propios despachos de los funcionarios del Ministerio Público Fiscal, manifestamos nuestra profunda preocupación por la absoluta falta de garantías y de debida diligencia para preservar la integridad física y psíquica por parte de dicho órgano al letrado y a los justiciables.
Exigimos una investigación independiente, seria y exhaustiva en otra jurisdicción judicial, sobre el accionar de los fiscales intervinientes, incluyendo a los fiscales involucrados y al fiscal general, quienes han sido denunciados por privación ilegítima de la libertad, armado de causas, encubrimiento y abuso de autoridad, peticionando se disponga la inmediata suspensión preventiva de dichos funcionarios.
También exigimos la investigación exhaustiva del accionar policial y la separación preventiva de los acusados por privación ilegítima de la libertad, amenazas, lesiones, tentativa de secuestro de menor de edad, acontecimientos que, reiteramos, se sucedieron en el edificio de la fiscalía.
Expresamos nuestra preocupación por la reiteración de hechos de violencia contra abogadas y abogados que ejercen su profesión en causas donde se encuentran en conflicto cuestiones vinculadas con abuso sexual y violencia familiar, donde los y las letradas reciben amenazas y coacción para desistir del patrocinio de las
denunciantes y renunciar a las querellas, especialmente en el fuero de familia y en el fuero penal.
La AABA reitera su compromiso de velar por el pleno respeto al derecho de defensa en juicio; por garantizar el debido proceso; por asegurar el ejercicio de la abogacía con todas las garantías judiciales necesarias para desempeñar esta tarea fundamental en un estado de derecho, libre de violencia en todos los fueros, en un marco de respeto y trato digno, asegurando condiciones de seguridad para preservar la integridad personal física y psíquica, condiciones básicas para asumir la defensa en juicio de los derechos vulnerados, especialmente en los casos donde se encuentran comprometidos los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
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