El 06 de mayo del corriente tres mujeres fueron asesinadas en su propia vivienda en Barracas -y una cuarta aún permanece internada- durante un incendio provocado por una bomba molotov que fue arrojada por un hombre identificado como Justo Fernando Barrientos.
El pasado lunes 13 de mayo, en el barrio donde sucedieron los hechos, Barracas, un centenar de personas se reunió en la Plaza Colombia y desde allí marcharon hacia el edificio de la calle Olavarría al 1600 para pedir justicia por los crímenes de odio dirigidos hacia Andrea Amarante, Pamela Cobas y Roxana Figueroa, en un hecho considerado «lesbicidio«.
El reclamo tiene su anclaje en el actual recrudecimiento de los discursos de odio dirigidos especialmente hacia grupos históricamente posicionados en condiciones de vulnerabilidad. La réplica de estos discursos deviene en un facilitador para que se gesten situaciones visiblemente LGBTI-odiantes, revictimizando a tales grupos.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) señaló que, en todas las regiones, hay personas que sufren violencia y discriminación debido a su orientación sexual o identidad de género y que la sola percepción de la homosexualidad o identidad transgénero pone a las personas en situación de riesgo1.
El ACNUDH también ha observado que este tipo de violencia constituye una forma de violencia de género, impulsada por el deseo de castigar a quienes se considera que desafían las normas de género. Además, las personas bisexuales, transgénero, mujeres lesbianas y los jóvenes LGBTI se encuentran particularmente expuestos/as al riesgo de violencia física, psicológica y sexual en el ámbito familiar y comunitario2. Según el informe 2023 del Observatorio de crímenes de odio LGTB+3 en el año 2023 ocurrieron en Argentina ciento treinta y tres (133) delitos de odio, en donde la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género de todas las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para la vulneración de sus derechos y la violencia contra ellas.
Según el referido informe del total de las personas de la comunidad LGBT+ víctimas de los delitos de odio registrados en 2023, el 89% de los casos (118) corresponden a feminidades trans; en segundo lugar con el 5% (7) se encuentran los varones gays; y en tercer lugar con el 2% (3) de los casos respectivamente cada identidad, siguen los masculinidades trans y las lesbianas.
Asimismo el informe en sus conclusiones destaca que la motivación de la persona perpetradora ha sido el rechazo, el desprecio o el odio hacia la orientación o identidad de género asumida de la persona lesionada; y en los casos de violencia estructural, estos responden a un fenómeno sistemático sociopolítico cultural, en donde históricamente las personas LGBT+ fueron rechazadas, expulsadas y excluidas de la legislación y la política pública estatal, por no ser contempladas como sujetos de derechos durante siglos. Es decir que, la violencia estructural hacia este colectivo históricamente vulnerado generó las condiciones materiales de precariedad en la que se inscriben sus vidas, y la violencia y las muertes podrían haber sido evitadas si hubieran tenido acceso a derechos tales como la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, etc., todos ellos derechos constitucionales de responsabilidad estatal.
Desde la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires repudiamos los hechos acaecidos y exigimos una investigación judicial adecuada, como así también que se garantice la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia (arts. 8 y 25 CADH) de las personas y grupos afectados que integran el colectivo LGBTIQA+ para salvaguardar su integridad.
Ciudad de Buenos Aires, 17 de mayo de 2024.
