La Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires expresa su profunda preocupación ante la disolución de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género del Ministerio de Justicia de la Nación y el absoluto rechazo a la implementación de medidas que signifiquen el debilitamiento o supresión de las políticas públicas vinculadas con la violencia contra la mujer.
La desgraciada noticia fue anticipada por la propia titular de la Subsecretaría Claudia Barcia, quien renunció a su cargo luego de haberle sido notificado por el secretario de Derechos Humanos Alberto Baños por WhatsApp.
Este hecho significa un incalculable retroceso. Con la recuperación democrática el primer 8 de marzo de 1984 la Multisectorial de la Mujer levantó una serie de demandas, una de las cuales era la creación de la Secretaría de la Mujer. Esta se concreta en 1987 con la creación de la Subsecretaría de la Mujer, continuada por el Consejo Nacional de la Mujer en los años 90 y los organismos que posteriormente lo sucedieron hasta la creación del Ministerio hoy disuelto.
Parte de esa política nacional se reflejó además en la creación en el ámbito del Poder Judicial de la Oficina de la Mujer, y de la OVD (Oficina de Violencia Doméstica).
Asimismo, estas iniciativas fueron replicadas en las distintas provincias.
Este sucinto relevamiento demuestra que la generación de espacios institucionales desde el Estado para promover políticas con perspectiva de género no ha sido patrimonio de un único sector partidario, sino por el contrario lo fue a instancias tanto de los organismos internacionales como desde el movimiento de mujeres.
Con 78 femicidios en los 4 primeros meses del año, lejos está la Argentina de poder darse el lujo de prescindir y/o desjerarquizar un organismo específico sobre el tema. No es posible hacer “como si” se cumplieran las normas si no se cuentan con los instrumentos adecuados.
Llevar confusión a la ciudadanía manipulando que ésta pueda tener una visión más o menos crítica con el modo en que se ha gestionado el Ministerio, de ninguna manera puede admitirse como argumento para sumir aún más a las mujeres de nuestro país en la desprotección. Si se hizo mal, debe mejorarse; pero nunca descartar lo valioso junto con lo inútil, o lo esencial con lo que no lo es.
Además, como consecuencia de ello se destruyen cientos de puestos de trabajo en un contexto económico tan complicado como el que estamos viviendo.
Entendemos que ningún hombre ni mujer del derecho podría ser ajeno a esta problemática. La lucha contra la violencia hacia las mujeres y la elaboración de políticas públicas para lograr la igualdad de género es parte de una manda convencional (CEDAW) y constitucional (art. 75 inc.22) cuyo incumplimiento puede exponer a nuestro país a sanciones de organismos internacionales, por lo que exhortamos al Ministro de Justicia Dr. Mariano Cúneo Libarona a involucrarse en forma urgente para que los estándares alcanzados no se vean disminuidos arbitrariamente y revise con urgencia la medida adoptada.
