En vísperas del año nuevo, desde el Poder Ejecutivo Nacional se anunció el despido y cambio en la modalidad de contratación por figuras precarizadas de cientos de trabajadores/as de la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) dependiente del Ministerio de Justicia.
Estas medidas incluyen el vencimiento de los contratos de planta transitoria sin renovación, planes de retiro para trabajadores/as contratados mediante ACARA y recortes salariales, que representan un retroceso en políticas de derechos humanos. Además, se ha vaciado la SDH, afectando Sitios de la Memoria y el Archivo Nacional de la Memoria, esenciales para la conservación, educación e investigación.
Argentina cuenta con políticas públicas únicas en Latinoamérica, fundamentales para la promoción y defensa de los derechos humanos. Durante 2024, cuatro de estas áreas esenciales han sido desmanteladas:
Paralización de las leyes reparatorias: Desde principios de año, se suspendieron las indemnizaciones previstas en leyes como las 24.411, 24.043, 25.914, 26.564 y 26.913, debido a una auditoría del Ministerio de Justicia.
Vaciamiento de los Sitios y Archivo Nacional de la Memoria: Estas áreas clave, únicas en su tipo en la región, han quedado prácticamente inoperantes, afectando tareas de conservación, investigación y educación.
Cierre del área de búsqueda en la CoNaDI: Se desarmó la Unidad de Investigación Especial, fundamental para avanzar en los casos de apropiación de niños/as durante el terrorismo de Estado.
Desmantelamiento final de la SDH: A fin de año, se concretó el despido masivo de trabajadores/as, el congelamiento de la planta y la implementación de figuras precarizadas para las contrataciones.
La recuperación del Nieto 138, en un contexto de recortes y desmantelamiento, nos interpela a defender con mayor firmeza las estructuras que hacen posible estos logros y que son esenciales para garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos humanos. El trabajo incansable de organismos como Abuelas de Plaza de Mayo y el equipo de la CoNaDI es un recordatorio de cómo las políticas públicas, cuando cuentan con el respaldo necesario, pueden cambiar vidas y construir un futuro más justo.
El respeto a las políticas de derechos humanos requiere el cese de medidas regresivas. A 40 años de democracia, instamos a respetar la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.
