La Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires expresa su repudio por las declaraciones estigmatizantes vertidas por las periodistas Viviana Canosa y Laura Di Marco en un programa televisivo del medio LN+, sobre los presuntos problemas de salud de Florencia Kirchner, hija de la vicepresidenta, cuestionando y responsabilizando a la Dra. Cristina Fernández por su función y/o rol de madre. Dichas afirmaciones emitidas constituyen un acto de violencia simbólica, mediática y política según lo establece la Ley N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus Relaciones Interpersonales, y una efectiva vulneración del derecho a la salud y otros derechos humanos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Código Civil y Comercial de la Nación, Ley Nacional de Salud Mental N°26.657, Ley de Derechos del Paciente N° 26.529, Ley Sobre Difusión de Temas Vinculados con la Salud N° 25.926, Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N°26.522.
Por lo expuesto, consideramos inadmisible este tipo de conductas y mensajes mediáticos que reproducen violencia hacia las mujeres a través de ideas fuertemente estereotipadas sobre conceptos o preconceptos negativos sobre el rol y la forma de actuar de las mismas. La violencia simbólica se entreteje con la violencia mediática cuando a través de los medios de comunicación se siguen perpetuando formas de discriminación hacia las mujeres de manera naturalizada.
Con respecto a la violencia política recientemente el Comité de Expertas de CEDAW advirtió sobre “la impunidad” que rodea a estos casos y que “tienen un enorme impacto en las mujeres y en las instituciones democráticas, en tanto la violencia política no solo agrede a las mujeres, sino que agrede a la democracia y a sus instituciones”.
Además, es preciso señalar que quienes comunican (aunque sean profesionales de la salud) no pueden realizar un diagnóstico preciso sobre la salud de una persona a distancia, ni difundir información privada vinculada al diagnóstico o tratamiento, sin su consentimiento.
En consecuencia, es fundamental analizar el rol social de los medios de comunicación como actores responsables y trabajar en la concientización para evitar que se repitan este tipo de hechos que vulneran derechos humanos de las mujeres, y de la sociedad en su conjunto, ampliamente tutelados en nuestro ordenamiento jurídico.
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