La Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires manifiesta su preocupación ante los reiterados ataques del presidente Javier Milei contra periodistas, entre ellos María Eugenia Duffard, Jésica Bossi y Fernán Saguier, director periodístico de LA NACIÓN.
La CSJN ha señalado en reiteradas ocasiones que nuestra Constitución protege la discusión apasionada y el desacuerdo con el trabajo de la prensa (Fallos: 342:1665 “De Sanctis”; 332:2559 “Brugo”; 331:1530 “Patitó” y 248:291 “Abal”), sin embargo, ha establecido con claridad que la libertad para criticar no es una “patente de corso” para vulnerar la dignidad de laspersonas, no hay un “derecho al insulto” ni a la humillación gratuita (Fallos: 343:2211 “Pando de Mercado). Así, la tutela constitucional se extingue cuando la confrontación de ideas es sustituida por el empleo de epítetos denigrantes, injuriantes o locuciones ajenas al interés público.
Cuestionar al periodismo, criticar una investigación o discutir una opinión forman parte del debate democrático y gozan de protección constitucional. Sin embargo, una cosa es la confrontación de ideas y otra, muy distinta, es recurrir al insulto personal y exponer públicamente a quienes ejercen la tarea de informar.
El uso del insulto y la injuria adquiere su mayor gravedad cuando quien los emite es el Presidente de la Nación. La enorme asimetría de poder amplifica el alcance del agravio y exige a la máxima investidura actuar con especial mesura. Apuntar públicamente a un periodista desde la estructura estatal abandona la discusión democrática y muta en un mecanismo directo de amedrentamiento para todo el periodismo.
El peligro real es que el miedo a convertirse en el próximo blanco termine condicionando las preguntas, las investigaciones y las opiniones; pues la autocensura no requiere de una orden explícita, sino que se instala sola cuando el precio de informar pasa a ser la exposición al hostigamiento.
El periodismo de investigación es un pilar insustituible para la salud institucional de la República. Su función esencial no es complacer al gobierno de turno, sino auditar el uso de las atribuciones de quienes ejercen el poder, exhibir los abusos e irregularidades que hubiere; garantizar que los actos de gobierno queden sujetos al tribunal de la opinión pública. Sin investigación independiente, la transparencia se debilita y la rendición de cuentas desaparece.
La democracia requiere de una prensa libre, capaz de incomodar al poder. No se trata de vetar la crítica hacia el periodismo, sino de evitar que la descalificación personal reemplace al debate público.
Desde la Asociación sostenemos que ninguna autoridad del Estado se halla exenta del deber primario de respetar las libertades fundamentales que sostienen el Estado de Derecho. La defensa de una prensa libre, rigurosa y no amedrentada es condición sine qua non para evitar una democracia puramente nominal y garantizar el derecho irrenunciable de la sociedad a estar informada.
La Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires expresa su solidaridad con las y los periodistas agraviados en estos años y ratifica su compromiso inclaudicable con la libertad de prensa.
