Hace unos días atrás tomó estado público la renuncia de la Dra. Elena Highton a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que se haría efectiva a partir del 1º de noviembre.
La Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires no puede permanecer ajena a esta realidad, que ha sonado como una alarma de atención.
En efecto, nuestro país ocupó un rol pionero en materia de representación de género en la Justicia al nombrar a las Dras. Carmen Argibay y Elena Highton en el máximo tribunal en el año 2004 (la Dra. Argibay se incorporó en el 2005 luego de cumplir su compromiso en el Tribunal Criminal Internacional que juzgaba los crímenes en la ex Yugoslavia), como concreción de las pautas que surgían del Dto. 222/03. La integración de las destacadas juristas a la Corte significó una representación de género de cerca del 30%.
Ese importantísimo paso adelante fue perdiendo fuerza a partir del fallecimiento de la Dra. Argibay y luego de las renuncias del Dr. Zaffaroni y del Dr. Fayt al ser sus vacantes ocupadas por juristas del sexo masculino.
Ya en el 2015, en ocasión del debate abierto por la postulación hecha por el PEN para cubrir la vacante en la Corte, nuestra asociación se pronunció sobre la fundamental importancia de que se diera cumplimiento al Decreto 222/2003 que establecía como criterio fundamental a tener en cuenta en las designaciones, la representación de género. Lamentamos que ello no haya sido respetado por los sucesivos gobiernos y esperamos que en esta oportunidad por el contrario, se lo considere prioritariamente.
Asimismo, consecuentemente con la señera trayectoria de nuestra entidad en la representación de los intereses de abogados y abogadas, consideramos además fundamental que la designación recaiga sobre una abogada que provenga del ejercicio profesional, entendiendo que la más que evidente necesidad de acercamiento a las necesidades de los y las ciudadanas de la Corte Suprema, cabeza del Poder Judicial, pasa también por incorporar a quienes reflejen de la mejor manera el diario trajinar en la búsqueda del acceso a Justicia aportando una mirada con perspectiva de género.
Por lo expuesto, exhortamos al Poder Ejecutivo a cumplir con las pautas del Dto. 222/2003 y nos pronunciamos por la designación de una abogada de la matrícula a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Leé el comunicado oficial aquí.
