La Asociación de Abogados de Buenos Aires manifiesta su profunda preocupación por el dictado del Decreto 467/2026, el cual altera sustancialmente el procedimiento de selección de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la Procuración General y de la Defensoría General de la Nación. Esta medida representa un grave retroceso institucional que lesiona los estándares de participación ciudadana, transparencia y control social en la designación de los altos magistrados alcanzados en la argentina.
La nueva normativa elimina la posibilidad que las distintas instituciones de la sociedad civil o personas individuales presenten observaciones, impugnaciones o adhesiones ante el Ministerio de Justicia antes de que el Poder Ejecutivo defina su propuesta.
Esta instancia previa no era un mero trámite accesorio o formal, sino una herramienta esencial para evaluar la idoneidad técnica, los antecedentes éticos y la independencia de quienes aspiran a integrar la Corte Suprema y los órganos máximos del Ministerio Público.
El decreto deroga los criterios que orientaban la integración de la Corte hacia el equilibrio de género, la representación federal y la pluralidad de especialidades, privando de esta manera al procedimiento de pautas que procuraban que la composición del máximo tribunal reflejara adecuadamente la extensión territorial del país y las diversas especialidades de la ciencia jurídica.
La eliminación de la perspectiva de género no es solo un retroceso en la igualdad real, sino que sitúa al Estado argentino en una posición de posible incumplimiento de compromisos internacionales tales como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, que exigen garantizar una participación equilibrada de mujeres en los órganos de máxima decisión institucional.
La calidad institucional de la República se construye con reglas que amplíen y fortalezcan la publicidad y transparencia de los actos de gobierno, que faciliten y alienten la participación y el control de la ciudadanía y que garanticen la igualdad y el federalismo.
La Asociación reafirma su compromiso inquebrantable con la independencia de la justicia e insta a las autoridades nacionales a preservar y profundizar los estándares institucionales que teníamos, ya que la transparencia y la participación de la sociedad civil legitima el procedimiento de designación de las máximas autoridades del sistema de justicia, fortaleciendo de esta manera la confianza pública en las instituciones de la República.
