El mes de noviembre nos recuerda dos fechas cruciales en la lucha contra la violencia y el abuso: el 19 de noviembre, Día Mundial de Prevención del Abuso Sexual Infantil, y el 25 de noviembre, Día Internacional de Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. En ese contexto, la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires (AABA) expresa su profunda preocupación por el retroceso de las políticas públicas en materia de prevención y atención de las violencias que afectan a mujeres, niñas, niños y adolescentes en nuestro país.
Las cifras son alarmantes. En 2023, 272 personas fueron víctimas fatales de violencia de género, de las cuales 245 eran mujeres, 5 mujeres trans/travestis y 22 personas víctimas de femicidio vinculado. Del total de víctimas, el 88% mantenía algún vínculo con el agresor. Además, 205 niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos de madre a causa de los femicidios (CSJN, Registro de Femicidios). Según UNICEF, 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños son víctimas de abuso sexual en Argentina, y en el 80% de los casos, el agresor es un miembro de la familia.
La implementación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), que se ha traducido en un aumento del 80% de las denuncias de abuso infantil, es un avance que debemos defender. Sin embargo, la realidad sigue siendo escalofriante: de cada 1000 casos de abuso, solo 100 son denunciados y en menos de 1 de cada 1000, el agresor es condenado (Ministerio Público Tutelar, 2020).
En este sentido, la AABA denuncia con vehemencia la persistencia de una narrativa peligrosa que niega la existencia de los feminicidios y del abuso sexual infantil. Esta narrativa se articula en los tribunales, donde madres que denuncian abusos sexuales en contra de sus hijos e hijas son atacadas con argumentos pseudocientíficos y estereotipos de género sexistas, como el “inexistente síndrome de alienación parental” (iSAP). Este concepto, que ha sido rechazado por organizaciones internacionales como la OMS y la Asociación Americana de Psicología, no tiene base científica y ha sido utilizado como herramienta para deslegitimar el relato de las víctimas y perpetuar la violencia.
Es aún más grave que, desde el Estado Nacional, se desfinancien los programas especializados en prevención y atención de estas violencias, y que incluso se busque modificar el contenido de la ESI. Un proyecto de ley recientemente presentado por una diputada busca criminalizar las denuncias de abuso sexual infantil, revictimizando a las madres que se atreven a denunciar los abusos sufridos por sus hijos e hijas, mayoritariamente a manos de varones de su entorno familiar. Este proyecto, que hace uso del “inexistente SAP” y promueve la creencia en “falsas denuncias” sin ninguna evidencia estadística que lo respalde, es un claro atentado contra los derechos humanos.
La AABA rechaza enfáticamente este proyecto de ley ya que atenta contra los derechos fundamentales de las mujeres, niños, niñas y adolescentes consagrados en nuestra Constitución Nacional y en diversos tratados internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención CEDAW. Exigimos al Estado argentino que, en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales e internacionales, garantice políticas públicas efectivas y fondos adecuados para la prevención y atención de la violencia de género y el abuso infantil.
La violencia y el abuso sexual son realidades estructurales que no podemos seguir ignorando. No hay justificación para la inacción estatal ni para el aval a discursos que perpetúan la impunidad. Exigimos que el Estado promueva una verdadera justicia para las víctimas y que tome medidas concretas para erradicar la violencia de género y el abuso sexual infantil. Argentina no puede seguir siendo cómplice de este flagelo. ¡Basta de violencia, basta de impunidad!
