La Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires manifiesta su rechazo a la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo Nacional –mediante Decreto 55/2025- de disolver el Sistema Nacional de Resolución de Conflictos en las Relaciones de Consumo (COPREC) a partir del 1° de febrero de 2025.
Se trata de una medida desacertada que priva a las personas consumidoras de todo el país de una herramienta efectiva de reclamo y acceso a la justicia, y que por lo tanto representa un significativo retroceso en la protección y promoción de sus derechos, los que tienen expreso reconocimiento constitucional.
En efecto, el artículo 42 de la Constitución Nacional dispone un mandato dirigido a las autoridades públicas, en todos sus niveles, para proteger efectivamente los derechos de los consumidores y usuarios, y asimismo exige que la legislación establezca procedimientos eficaces para la solución y prevención de los conflictos, de manera justa y rápida. En este sentido, la disolución del COPREC desoye el mandato constitucional al permitir –de manera inaceptable- que la autoridad nacional se desentienda de su deber de proteger a los consumidores y usuarios, convirtiéndola en un mero espectador que “distribuye” reclamos hacia las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pues una cosa es reorganizar un sistema, para mejorarlo, y otra bien distinta, es eliminarlo por completo, quitándoles a los consumidores y usuarios una herramienta útil y necesaria para hacer valer sus derechos.
Por otra parte, también expresamos nuestra preocupación y solidaridad para con todos los colegas que se desempeñan en el ámbito de la conciliación en las relaciones de consumo, por cuanto esta medida restringe y cercena el ejercicio profesional de su actividad y perjudica su fuente laboral.
Desde la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires, instamos a las autoridades nacionales, una vez más, a rever esta decisión y procurar medidas dirigidas a reforzar, en lugar de debilitar, las políticas de protección al consumidor y resolución de conflictos, así como también preservar, y no reducir, el trabajo profesional de los conciliadores de consumo.
