La Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires (AABA) ve con preocupación la existencia de algunas iniciativas legislativas que tramitan en el Congreso Nacional, que ponen en riesgo secreto profesional y desconocen las incumbencias propias de los abogados.
Una de ellas, propiciada por un grupo de diputados, propone que las sucesiones intestadas se tramiten en una dependencia de la administración pública, quien estaría en condiciones de determinar quiénes son los herederos del causante, y ordenar la inscripción de los bienes dejados por éste, a nombre de aquéllos. Tal intención parte de una grave equivocación, consistente en confundir el dictado de la declaratoria de herederos, que es de irrefutable índole jurisdiccional, con un simple acto administrativo, producido por quien no tiene competencia legal para decidir derechos y obligaciones generados a raíz de un fallecimiento.
Por otra parte, otro proyecto de ley, que ya cuenta con sanción de la Cámara de Diputados de la Nación y se encuentra en estudio en el Senado, propicia incorporar a los abogados entre los sujetos obligados a brindar información a las autoridades sobre casos sospechosos de lavado de activos, de los que tuvieren conocimiento por su relación con sus clientes. Esta pretensión colige con la necesidad y la obligación que tienen los abogados de observar el secreto profesional, además de vulnerar gravemente el derecho de defensa en juicio, garantía constitucionalmente consagrada.
A diferencia de otras profesiones, que de suyo son “públicas”, como es el caso de los escribanos o de los contadores, la abogacía tiene el rol de hacer efectiva la garantía constitucional de la defensa en juicio. Por lo cual es propio de ella conocer los pormenores de quien utiliza sus servicios para que pueda ejercitar una eficiente defensa. Sería entonces contradictorio y de imposible cumplimiento, que revelara tales pormenores a las autoridades.
Por lo expuesto, la AABA reclama el inmediato retiro de las iniciativas legislativas referidas, acompañando el reclamo que en el mismo sentido han expresado la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y otros integrantes de la abogacía organizada argentina.
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