Compartimos un dictamen elaborado por la Comisión de Seguridad Social de AABA y aprobado por la Comisión Directiva con motivo del inminente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso «Blanco Lucio Orlando c/ Anses s/ Reajustes Varios».
En esta causa se discute la forma de actualizar las remuneraciones anteriores a marzo de 2009 para determinar el primer haber de personas que ya se jubilaron.
En los fundamentos de la creación del programa nacional de Reparación Histórica para jubilados y pensionados (Ley 27.260), el Estado reconoció que aquellas remuneraciones estaban mal actualizadas. Para solucionarlo, propuso una fórmula y un índice que no se ajusta a la doctrina que la Corte sentó en la causa «Elliff Alberto José c/ Anses s/ Reajustes Varios», en el año 2009.
En el Programa de Reparación Histórica, sostuvo la voluntariedad de la aceptación de la fórmula de recálculo ofrecida, que en la mayoría de los casos arroja haberes jubilatorios menores que efectuándose el recálculo con las pautas del precedente «Elliff». Quienes están de acuerdo aceptan la oferta de reparación histórica y quienes no, continúan con sus reclamos judiciales hasta obtener una sentencia acorde a la doctrina del Alto Tribunal.
Actualmente, el Estado pretende que la Corte modifique su criterio para adaptar el reajuste a la fórmula propuesta en la Reparación Histórica. Es decir, que no sea voluntaria sino obligatoria. Esto, concretamente, es lo que se disputa en la causa Blanco y otras 150000 aproximadamente.
La decisión que la Corte Suprema adopte en este caso afectará a los jubilados que no aceptaron la Reparación Histórica y decidieron seguir adelante con su juicio, en los casos en que el juicio no esté terminado.
Si no mantiene su criterio, sino que resuelve a favor del planteo de Anses, esos beneficiarios van a cobrar menos que lo que cobrarían de mantenerse el criterio del precedente Elliff del año 2009. Y esto además va a representar un fuerte impacto en la confianza de las instituciones ya que el Estado una vez más incumple sus expectativas. Primero, le plantea una opción que luego no es tal, pues la impone en la justicia asumiendo su doble rol de demandado y autoridad de aplicación.
Cabe destacar que si la Corte mantiene su criterio, en lugar de modificarlo como pretende Anses, la decisión no tiene impacto sobre el presupuesto del organismo: el pago de juicios con el criterio actual de la Corte (fallo Elliff) se viene cumpliendo con normalidad desde hace ya diez años. No se trata de un gasto nuevo, sino de uno contemplado todos los años en las sucesivas leyes de presupuesto, inclusive la del 2019.
El cambio de pauta de actualización que pretende Anses implica un ahorro ínfimo, ya que el pago de sentencias representa aproximadamente el 2% del presupuesto total anual de Anses. Dicho en otros términos, prácticamente no tiene impacto macroeconómico, contrariamente a lo que se afirma generalizadamente en medios masivos de comunicación.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de noviembre de 2018.
