Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires

La AABA ratificó ante el TSJ su preocupación por el impacto de la Acordada 11/2026 en la seguridad jurídica

La Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires participó de una reunión institucional con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ), junto al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y al Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal.

La delegación de la abogacía porteña estuvo integrada por Ricardo Gil Lavedra, Alejandra García, Rosalía Sylvestre y Juan Pablo Zanetta, quienes fueron recibidos por la presidenta del Tribunal, Inés Weinberg; la vicepresidenta Alicia Ruiz; y los ministros Luis Lozano y Marcela De Langhe.

El encuentro tuvo como eje central la Acordada N.º 11/2026, norma que establece requisitos formales sumamente estrictos para la interposición de recursos de inconstitucionalidad y de queja, y que ha generado una profunda inquietud en la abogacía organizada por su posible impacto en el acceso a la justicia y la seguridad jurídica.

Durante la reunión, el presidente de nuestra Asociación, Juan Pablo Zanetta, sostuvo la postura expresada en la declaración institucional del pasado 18 de mayo, en la que se advertía sobre las posibles implicancias de esta normativa.

La AABA fue enfática al señalar que la falta de previsión respecto de las consecuencias derivadas de eventuales incumplimientos de estos nuevos modelos procesales no debe, bajo ningún concepto, habilitar el rechazo automático de los recursos. Asimismo, se advirtió al Tribunal que la ausencia de criterios claros sobre las sanciones aplicables ante errores formales podría derivar en interpretaciones disímiles por parte de las distintas Cámaras de Apelación, afectando el acceso a la justicia y el principio de igualdad ante la ley.

La reunión de trabajo resultó muy productiva. Del intercambio de ideas y propuestas surgió la necesidad de realizar un nuevo encuentro con el objetivo de avanzar en soluciones que permitan compatibilizar la modernización y el orden en procedimientos de los recursos sin afectar la seguridad jurídica ni la tutela judicial efectiva.