La Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires expresa su preocupación ante el Decreto N° 137/2025, que designa en comisión a los doctores Manuel José García-Mansilla y Ariel Oscar Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Consideramos que esta decisión presenta graves objeciones jurídicas e institucionales.
Falta de perspectiva de género
Resulta inaceptable que, en una sociedad que aspira a la igualdad real de oportunidades, se siga omitiendo la designación de mujeres en la Corte Suprema. La Constitución Nacional y los tratados internacionales imponen la obligación de garantizar la participación equitativa de las mujeres en los órganos de poder, lo que ha sido ignorado por esta decisión presidencial.
Uso abusivo de una norma excepcional
El decreto invoca una disposición constitucional que permitía nombramientos en comisión en una época en la que el Congreso tenía periodos de sesiones mucho más reducidos y dificultades logísticas para reunirse. La realidad actual, con sesiones ordinarias extendidas y la posibilidad de convocar sesiones extraordinarias, torna injustificable la utilización de este mecanismo.
Además, la reforma constitucional de 1994 estableció requisitos más estrictos para la designación de jueces de la Corte Suprema, como la mayoría calificada del Senado, que no pueden ser soslayados por una interpretación anacrónica de la norma.
Riesgo para la independencia judicial y la división de poderes
El procedimiento adoptado compromete gravemente la independencia judicial, pues coloca a los magistrados en una situación de dependencia del Poder Ejecutivo, lo que afecta su imparcialidad y la confianza pública en la Justicia.
El Senado de la Nación tiene un rol clave en el control de las designaciones de la Corte Suprema, no solo verificando antecedentes sino evaluando el impacto de los nombramientos en la interpretación constitucional. Eludir este control debilita el equilibrio de poderes y atenta contra el sistema republicano.
Conclusión
El nombramiento de jueces de la Corte Suprema en comisión configura un precedente peligroso para la institucionalidad democrática, al consolidar una práctica que debilita la independencia judicial y la división de poderes.
Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa del orden constitucional y el Estado de Derecho, e instamos a que las designaciones de jueces de la Corte Suprema se realicen conforme al procedimiento constitucional, garantizando la pluralidad de voces y la legitimidad institucional que un tribunal de tal jerarquía requiere.
