Ante el homicidio de Lucas González La AABA expresa su más enérgico repudio al crimen cometido por efectivos policiales de la CABA que dieron muerte a un adolescente de 17 años, Lucas González el pasado 17 de noviembre, en un hecho calificado por el fiscal actuante como homicidio doblemente agravado, tentativa de homicidio contra tres adolescentes más, privación ilegal de la libertad y falsedad ideológica. Conforme surge de las diligencias preliminares, los policías actuaron sin ninguna clase de identificación y -conforme señaló el fiscal- con alevosía, disparando armas de fuego contra jóvenes en total estado de indefensión, a los que luego también retuvieron por horas privándolos de su libertad. La AABA expresa su profunda preocupación por este caso de “gatillo fácil” que se enmarca dentro de los casos de violencia institucional cuya proliferación en los últimos tiempos en distintos puntos del país (Facundo Astudillo Castro y Alejandro Martínez en Pcia. de Bs. As.; Franco Isorni en Santiago del Estero; Lautaro Rose en Corrientes, entre otros casos) nos muestra las consecuencias del discurso de “mano dura” que irresponsablemente se agita desde lugares de poder, y pone en cruda evidencia la falta de formación, capacitación y aplicación de protocolos con enfoque de derechos humanos, teniendo además en consideración que en muchos casos las víctimas son niños, cuyos derechos están especialmente amparados por la Convención de los Derechos del Niño y profusa legislación que los reconoce y protege y que es responsabilidad del Estado garantizar su aplicación, con mayor razón por parte de las fuerzas de seguridad. No es menor que las víctimas de violencia institucional sean mayoritariamente personas jóvenes humildes y provenientes de sectores vulnerables. La AABA reclama y reitera, como lo ha hecho históricamente y recientemente el año pasado con Facundo Astudillo Castro y Lucas Verón, además de las medidas de reparación y sanción que pudieren corresponder, la adopción urgente de programas tendientes a fortalecer la formación profesional de las fuerzas de seguridad así como la elaboración e implementación de protocolos de actuación con un enfoque de derechos humanos integral y con perspectiva de género, con participación y seguimiento de las Organizaciones No Gubernamentales expertas en el tema de seguridad y justicia, que aseguren la no repetición de estos hechos criminales y la erradicación de toda violencia institucional en salvaguarda de los derechos fundamentales de todas las personas y de los niños, niñas y adolescentes en particular.
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