En 2018 el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de CABA condenó a Gabriel Marino a prisión perpetua como coautor del delito de homicidio calificado por odio a la identidad de género y por haber mediado violencia de género en el travesticidio de Diana Sacayan, una defensora de los DDHH de las personas travesti trans, impulsora de la ley de cupo laboral travesti trans, que logró que se sancionara en la provincia de Buenos Aires e inspiró posteriores sanciones en otras jurisdicciones.
El fallo fue celebrado ya que reflejaba una realidad que la justicia lentamente comenzaba a receptar: el agravante de la violencia de género y las reiteradas violaciones a los DDHH que padecen las personas travesti trans.
Esta semana, la Sala I de la Cámara Nacional de Casación al confirmar la condena a prisión perpetua de Marino, consideró que no se aplicaba el agravante por crimen de odio, desechando los argumentos de la histórica sentencia del Tribunal Oral N° 4. También señaló que se trataba de un hecho realizado por un hombre en perjuicio de una mujer, negando la identidad travesti de Diana Sacayán.
La Sala I de la Cámara de Casación faltó a clase en la capacitación por la ley Micaela.
El Ministerio Público Fiscal adelantó que interpondrá un recurso extraordinario contra este fallo ante la Corte. Esperamos que el alto tribunal haga justicia y nos enorgullezca con una sentencia que, como en el caso FAL, se fundamente desde la perspectiva de género y revierta el grave perjuicio que generado por Casación a la población travesti trans en particular y al colectivo LGBTIQ+ en general, en vistas a una sociedad más igualitaria que reconozca la identidad de género de todas, todos y todes.
