La Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires manifiesta profunda preocupación frente al Decreto 383/2025 y su Anexo I, dictado por el Presidente de la Nación el pasado 16 de junio de 2025, que amplía las facultades de la Policía Federal a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Debemos recordar que el Estado de Argentina ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por hechos cometidos por las fuerzas de seguridad, ya sea federal o provinciales, avalados por legislación inconstitucional y contraconvencional.
Cierto es que esos hechos protagonizados por las fuerzas de seguridad no fueron sancionados por el sistema judicial, por esto es la legislación el primer límite del accionar policial, la primera barrera de control, para garantizar la no repetición de las graves violaciones a los derechos humanos.
Entendemos que este decreto conculca la Constitución Nacional y los principios consagrados en el derecho internacional de los derechos humanos, por lo que exhortamos al Congreso de la Nación para que en uso de sus facultades lo deje sin efecto como así también a que jueces y juezas declaren su invalidez.
