La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de rechazar el recurso de queja presentado en la denominada causa “Vialidad” merece una reflexión crítica en cuanto a su oportunidad institucional y política, sin que ello implique emitir juicio sobre el fondo del asunto ni sobre las personas involucradas.
Desde la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires observamos con preocupación que, mientras causas de significativa trascendencia social y jurídica aguardan años para su resolución, este expediente ha recibido un tratamiento inusualmente veloz por parte del Máximo Tribunal. La celeridad selectiva, en contextos de alto voltaje político, debilita la confianza ciudadana en el sistema de justicia y da lugar a sospechas legítimas sobre su imparcialidad.
En un año electoral, la intervención de la Corte en este momento procesal, y con esta velocidad, altera las condiciones de participación democrática, proyectando a la justicia como un actor político antes que como un poder independiente.
La igualdad ante la ley y el debido proceso son pilares del sistema constitucional. Su vigencia exige que la Corte actúe con tiempos razonables, previsibilidad institucional y apego estricto al principio de no intervención en el proceso democrático.
Por todo ello, manifestamos nuestra preocupación por el precedente que se sienta con esta decisión y llamamos a una reflexión profunda sobre el papel que deben ocupar los poderes del Estado en el marco de una República democrática.
