La Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires repudia enérgicamente la reivindicación del terrorismo de Estado y del accionar genocida a condenados por crímenes de lesa humanidad, expresada por legisladores nacionales en su visita a lugares donde purgan sus condenas firmes -en vehículos oficiales- invocando supuestas razones humanitarias y considerándolos combatientes o héroes de Malvinas. Destacamos que una de las personas visitadas fue el genocida condenado Alfredo Astiz.
A su vez expresa su preocupación por el abandono y desmantelamiento por parte del actual Estado nacional de la política de memoria, verdad y justicia.
Creemos necesario señalar cómo dicho desmantelamiento se está llevando a cabo – entre otras medidas adoptadas- con los numerosos despidos efectivizados en la Secretaría de DDHH dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, siendo las áreas mayormente afectadas los sitios de la memoria y el Archivo Nacional de la Memoria (ANM).
Paralelamente se ha efectuado una clara paralización de las tramitaciones del pago de indemnización previstas en las leyes 24.411, 24.043, 25.914, 26.564, y 26.913, en curso ante la Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias (DGPR).
Remarcamos además las denuncias que existen sobre el desmantelamiento del trabajo de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI), afectando directamente la Unidad de Investigación Especial, que realiza investigaciones prejudiciales en casos de denuncia de apropiación de niños/as durante el terrorismo de Estado, como así también el “desarme” de los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) que funcionan en el Ministerio de Defensa –es de destacar que sobre tal documental el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak dictó una medida de no innovar para que el Ministerio de Defensa no pueda modificar, mudar, alterar y/o introducir cambios a la documentación sobre los años del terrorismo de Estado-.
Todo lo enunciado son claras demostraciones del desinterés en cuestiones sensibles para el pueblo argentino.
La AABA ha mantenido y mantiene una férrea defensa de los derechos humanos y el estado de Derecho, encontrándose obligado a expresar su repudio a tales actos.
