Esta Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires rechaza las manifestaciones vertidas por los diputados Juan Manuel Pedrini y Marcelo Pablo Casaretto sobre el rol de la Abogacía, emitidas durante el tratamiento del Proyecto de Ley sobre “Plan de Pago de Deuda Previsional”, por resultar agraviantes a la dignidad profesional y contrarias al decoro con el que deben comportarse.
Reivindicamos la dignidad y la importancia de la labor de la Abogacía para el sostenimiento de un efectivo Estado de Derecho, pues su misión es la defensa de los derechos de toda la Ciudadanía.
El pasado 06/07/2022, en ocasión de la reunión de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la H. Cámara de Diputados de la Nación para analizar el proyecto de ley de “Plan de Pago de Deuda Previsional”, se recibieron opiniones de varios actores.
En tal contexto, el diputado nacional Juan Manuel Pedrini se refirió en forma agraviante a la labor de abogadas y abogados, atribuyéndoles una “visión sesgada, parcial y acomodada a ver cómo cobran sus honorarios a través de la industria del juicio”.
Por su parte, el diputado Marcelo Pablo Casaretto menoscabó el conocimiento técnico de los profesionales del Derecho respecto de las cuestiones sobre las que tienen que legislar.
Frente a tales inadmisibles referencias, esta Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires manifiesta:
Descalificar el valor social de la perspectiva técnica de quienes conocen la interpretación del derecho y las tutelas a cubrir, deja a merced de los gobernantes de turno el efectivo reconocimiento de la extensión de los derechos, al igual que denostar la labor profesional tildándola de promotora de la industria del juicio, lo que además resulta una afrenta al trabajo profesional, constitucionalmente protegido.
En el ámbito de los derechos previsionales, de indudable carácter alimentario y pertenecientes a un colectivo considerado vulnerable por la Constitución Nacional y Tratados Internacionales, la litigiosidad ha sido producto de ocurrir a la Justicia en procura de obtener una prestación previsional que efectivamente sea integral, tal como reconoce el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, por parte de cientos de miles de jubiladas y jubilados, desde hace ya más de 40 años.
En efecto, muchas de las mejoras que se otorgaron en los últimos años han sido como consecuencia de lo ordenado en miles de sentencias judiciales, obtenidas en reclamos de jubiladas y jubilados munidos del necesario patrocinio y representación de abogadas y abogados especialistas.
En suma, los altos niveles de litigiosidad no han sido el propósito de ningún colectivo de particulares, sino una consecuencia del incumplimiento sistemático por parte del Estado en la efectivización de los derechos y garantías constitucionales en materia de seguridad social.
Por todo lo expuesto, rechazamos las expresiones de los diputados Pedrini y Casaretto y reivindicamos el rol fundamental de la Abogacía en la defensa de los derechos de toda la Ciudadanía y, en consecuencia, en la efectivización del Estado de Derecho.
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