El 30 de agosto la presidenta de la asociación, María Elena Barbagelata, el vicepresidente Federico Percovich y el Secretario de Prensa e integrante de la Comisión de Asuntos Penitenciarios, Ignacio Arriarán, mantuvieron una reunión con la subsecretaria de asuntos penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación e interventora del Servicio Penitenciario Federal, Dra. María Laura Garrigos de Rébori y Victoria Alcoba, funcionaría del mismo ministerio.
La reunión fue impulsada por la funcionaria nacional luego que desde la AABA se hiciera un pedido de acceso a la información pública a propuesta de la Comisión de Asuntos Penitenciarios respecto del estado de desarrollo de los establecimientos penitenciarios federales que actualmente están en construcción. La solicitud está íntimamente ligada con el problema que actualmente vienen atravesando las fuerzas de seguridad preventoras, principalmente lo que ocurre en las comisarías y alcaidías dependientes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, como así también en las Alcaidías de las fuerzas federales (PFA, PNA, GNA y PSA), las cuales se encuentran sobrepobladas, alojando personas en inadmisibles condiciones de detención y por plazos que superan ampliamente los legalmente permitidos.
El encuentro duró aproximadamente dos horas durante las cuales los participantes conversaron sobre las distintas problemáticas que atraviesa actualmente el Servicio Penitenciario Federal en cuanto a la gestión de cupos, el acceso a derechos de las personas privadas de la libertad y otras cuestiones de interés.
Respecto al pedido de información pública, la funcionaria indicó que la construcción de establecimientos penitenciarios es una responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas, a quien redirigieron el pedido (que fue contestado recientemente), sin perjuicio de lo cual, desde el Servicio Penitenciario Federal dieron detalles sobre este aspecto puesto que están al tanto del estado de obras.
La Dra. Garrigos no avizora una pronta resolución a la problemática de las comisarías y alcaidías de las fuerzas de seguridad, al menos de la responsabilidad que le compete al Servicio Penitenciario Federal, ya que los establecimientos en desarrollo tienen al menos 1 año de construcción por delante y, por ende, no podría aumentar la cantidad de personas que ingresan al SPF.
