El Ministro de Justicia, el Senador Rodolfo Urtubey y otras destacadas personalidades visitaron nuestra sede para evaluar de la puesta en marcha del Código Procesal Penal Federal en Salta y Jujuy. Junto a nuestro presidente Juan Pablo Zanetta, analizaron los desafíos en la implementación de algunos de sus artículos para el territorio nacional.
La Asociación de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires -AABA- reunió al Ministro de Justicia, Germán Garavano, al Senador Rodolfo Urtubey, a la Presidenta de la Cámara Federal de Salta Dra. Mariana Catalano, al Dr. Ricardo Rafael Toranzos, Fiscal Federal de Salta y al Jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia el Dr. Martín Casares, para analizar los resultados de la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal.
En el encuentro, que fue moderado por el Dr. Luis Salvo de nuestra Asociación, se evaluaron los alcances y desafíos de la implementación de algunos artículos de dicho código en todo el territorio nacional, en materia de derechos y garantías.
El Dr. Zanetta abrió la conferencia señalando que “tal como se muestra en la experiencia de Salta y Jujuy, este nuevo Código es un avance hacia una justicia más eficaz y transparente. El tema tan polémico de las prisiones preventivas hoy en todos los medios, no sería motivo de discusión si los plazos de la justicia fueran más cortos y se resolvieran las causas en un plazo más acotado”.
Por su parte el ministro Garavano señaló que la aplicación de este capítulo de derechos y garantías anunciado en la Resolución 2/2019, se refiere a la implementación de normas para evitar desigualdades ante la ley, como el resguardo de la libertad del imputado -medidas de coerción y cautelares-, la posibilidad de implementar criterios de oportunidad y acuerdos entre la víctima y el imputado, garantizar debidamente los derechos de las víctimas, así como también el derecho a contar con una revisión judicial amplia de toda decisión que imponga una sanción penal. Asimismo se dio un paso significativo porque se decidió que la Cámara Federal de Rosario y de Mendoza serán las próximas jurisdicciones donde se avanzará en la implementación de este nuevo Código.
Luego la Jueza Mariana Catalano, de Salta, explicó los alcances y la experiencia en dicha provincia en la que ya se aplica el nuevo Código. Expresó puntos a favor y debilidades del sistema, así como desafíos para las próximas jurisdicciones. “La oralidad del sistema trae la celeridad, con plazos concretos (tres años para delitos comunes y 6 para delitos complejos) y lo mismo para la prisión preventiva: el fiscal debe establecer el plazo. En la experiencia de Salta no superaron los 45 días. Y también nos da otras medidas alternativas sin llegar a la prisión preventiva como es la prisión domiciliaria”. Otros elementos que aporta el nuevo Código, según la Dra. Catalano son “la concentración, la transparencia, la modernización de los roles”. Asimismo señaló que “hoy todos están físicamente en el proceso: el juez pone el cuerpo en la audiencia, conduce, resuelve y funda. El juez solo delega lo administrativo a la oficina judicial, la decisión jurisdiccional, ya no; la víctima es escuchada y puede oponerse a ciertos acuerdos”. Sin embargo, la Magistrada también reconoció debilidades en el sistema: “Justamente ahora que el juez no delega, faltan más jueces; y otro de los problemas en Salta es la multicompetencia, los Jueces de garantías son de multicompetencia: esto complejiza y mucho”, señaló.
Por su parte, el Fiscal Toranzos indicó que tras 26 años de experiencia estamos ante una forma diferente de hacer justicia: “Cambió la organización de la fiscalía. Es un gran cambio cultural: el fiscal ordena la detención, pide la audiencia por mail; la ley no permite que el juez conozca detalles hasta el día de la audiencia. Ahora ya no existen expedientes. Todo es oral y video grabado. Este sistema es más creíble” aseguró.
Martín Casares señaló que “es el cambio cultural más importe en materia de administración de justicia y ahora se hace justicia de un modo perceptible, con más rapidez, transparencia y de una manera comprensible por cualquier persona”.
Finalmente, Rodolfo Urtubey expresó que la reforma fue posible “por la voluntad política: la comisión Bicameral convocó a todos los actores, instituciones y personas y se siguió un proceso de formación de consenso convirtiendo este tema en una verdadera política de estado.
