Desde la AABA repudiamos el decreto 1083/2024, que avanza sobre la Constitución Nacional, normativa nacional, instrumentos internacionales, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y órganos de diferentes Comités de Naciones Unidas.
La decisión adoptada significa un retroceso histórico en la lucha por el reconocimiento y la defensa de los territorios ancestrales. Recordemos que la Ley 26160 es el resultado no solo de luchas, sino también de un relevamiento territorial que aún se encuentra inconcluso. Al día de hoy siguen existiendo zonas en las que las comunidades y organizaciones indígenas se encuentran en peligro debido a proyectos extractivos de diversas industrias avaladas o aceptadas por el Estado.
Recordemos que es el Estado quien tiene la obligación de demarcar, delimitar y titular los territorios indígenas, lo que surge de la lectura de la Constitución Nacional y normas internacionales: 75 inc. 17 y 22, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los derechos de los Pueblos Indígenas -a su vez indicado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Lhaka Honhat vs. Argentina en el año 2020.
Finalmente deseamos hacer hincapié que los Derechos Territoriales, son derechos colectivos que integran el derecho internacional de los derechos humanos. Por ende, el Estado Argentino, tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para el efectivo cumplimiento de los Convenios que ha suscripto.
